Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos suelen recurrir a los créditos para expandirse o sobrevivir en caso de bache económico. Pero no siempre disponen de los avales suficientes para acceder a la financiación que necesitan. Para estos casos, existe en el mercado una herramienta, muchas veces desconocida: las sociedades de garantía recíproca (SGR).
Estas organizaciones son entidades financieras que permiten a las pymes y a los trabajadores por cuenta propia obtener financiación de los bancos con mejores condiciones. Las SGR no prestan dinero, sino que otorgan las garantías que necesitan los acreedores de pymes y autónomos. Gracias a estos avales, pueden conseguir financiación con menores tipos de interés y con plazos de devolución más amplios, pues disponen de convenios con las entidades de crédito.
Son instituciones sin ánimo de lucro, es decir, que destinan los ingresos que obtienen a cubrir exclusivamente los gastos de carácter administrativo y al fortalecimiento patrimonial. Y ofrecen, además, asesoramiento sobre el tipo de crédito más adecuado para cada sociedad y acerca de cómo acceder a ayudas públicas, aspecto clave para optar al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) español que articula el capital del fondo europeo Next Generation EU.
Cuando una empresa solicita el aval de una SGR, cuenta con un plazo de devolución medio de ocho años.
Las SGR ofrecen a las sociedades seguridad porque están sujetas a la supervisión y a la inspección del Banco de España y tienen el apoyo de instituciones como la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa), dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, cuyo objetivo es dar cobertura al riesgo asumido por las SGR. Los negocios que solicitan un aval a una SGR también reciben asesoramiento financiero individualizado.
Desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia, se han concedido 61.287 avales por un importe de 4.483 millones de euros, según Cesgar. Las SGR ya benefician a 163.342 pymes, autónomos y emprendedores, que mantienen activos créditos y préstamos por valor de más de 6.440 millones de euros, y contribuyen al mantenimiento de 865.569 puestos de trabajo, de acuerdo con las cifras de esta confederación. Todo ello se ha dado en un contexto en el que ha sido más complicado acceder a financiación.
Lo primero que tiene que hacer una pyme o un autónomo para solicitar un aval de una SGR es dirigirse a la de su comunidad autónoma a través de la sede física o de manera telemática en el portal web Con Aval Sí, creado por Cesgar, informa Cea o directamente a través de entidades bancarias, como Banco Sabadell, que ayudan a sus clientes actuales y futuros a tramitar las operaciones con las SGR en todo el territorio nacional.
El solicitante tendrá que elegir entre dos tipos de avales: el económico, que permite mejorar las condiciones de financiación en función del plazo y del tipo de interés, o el técnico, que garantiza la capacidad de la pyme o del autónomo para cumplir con las obligaciones contractuales. La principal diferencia entre ambos es que, mientras que el primero garantiza los compromisos de índole comercial o financiera, el segundo garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Por ejemplo, si una empresa decide iniciar una reforma, el aval cubrirá posibles desviaciones de duración, calidad y coste. Si no se termina en tiempo o la calidad final no es óptima, el cliente puede ejecutar el aval y recibir una compensación por los daños causados.
En el caso del aval económico, la SGR garantiza el abono del préstamo o del crédito que se ha contraído con una entidad financiera. Este aval suele ser necesario cuando se solicita un préstamo o un crédito, ya que así el banco se asegura de que recibirá el pago.
Una vez decidido el tipo de aval que necesita, el empresario tiene que facilitar información personal y del negocio que servirá para realizar el análisis de riesgo de crédito (impago). Según la directora general de Cesgar, más del 80% de las operaciones que se presentan son aprobadas.
En caso de que se conceda, el empresario debe convertirse en socio de la SGR con una aportación de capital social (cantidad de dinero, patrimonio y bienes con el que los socios contribuyen a la sociedad), que varía y que es reembolsable al finalizar la operación avalada.
“Dicho importe, si se desea, será íntegramente reembolsado a la cancelación del crédito obtenido. En caso contrario, la pyme permanecerá como socio partícipe y tendrá así acceso a otras prestaciones y servicios de la SGR”, resalta Villanueva. Para que una pyme pueda ser socia partícipe, habrá de pertenecer a alguno de los sectores de actividad económica mencionados en los estatutos sociales de la SGR, y su establecimiento deberá estar situado en el ámbito geográfico delimitado en ese reglamento. Cantalapiedra explica que el solicitante debe asumir varios costes: “Una comisión de estudio y otra de aval, un porcentaje sobre el total de la cantidad avalada que normalmente se paga de forma anual”. Estos ingresos se utilizan para el mantenimiento de las SGR, como los gastos administrativos y el fortalecimiento patrimonial.
Cuando se acepta la operación, se comunica la decisión inmediatamente al solicitante. Pero no solo se admite o se rechaza la operación, también se proponen alternativas financieras.
FUENTE: El País